Uno de nuestros principios constitucionales más sólidos, casi pétreos, es la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. No se trata de un tecnicismo jurídico ni de un concepto reservado a nosotros los abogados: es la piedra angular que nos da certeza y seguridad jurídica.
Es absurdo —y profundamente preocupante— que en las recientes modificaciones a la Ley de Amparo se haya abierto la puerta a lo que parece una “sugerencia” de retroactividad legal. Aun cuando estas reformas todavía no entran en vigor y aún existe la posibilidad de corregir el rumbo, no podemos dejar pasar el hecho de que se está normalizando legislar en la penumbra, con disposiciones ambiguas que ponen en jaque principios constitucionales básicos.
La irretroactividad no es un capricho. Es una garantía que impide que los mexicanos vivamos a merced de cambios legislativos repentinos que alteren el pasado y modifiquen derechos adquiridos.
Resulta incongruente que los legisladores federales, quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución, permitan que en una reforma se cuele una noción que erosiona ese blindaje constitucional. No se trata de un error menor ni de un detalle técnico: es un golpe directo a la confianza en el Estado de Derecho.
Todavía es tiempo de corregir.
La irretroactividad no es negociable.
Ahtziri Cárdenas Camarena
Abogada y periodista.
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