Uno de nuestros principios constitucionales más sólidos, casi pétreos, es la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. No se trata de un tecnicismo jurídico ni de un concepto reservado a nosotros los abogados: es la piedra angular que nos da certeza y seguridad jurídica.
Es absurdo —y profundamente preocupante— que en las recientes modificaciones a la Ley de Amparo se haya abierto la puerta a lo que parece una “sugerencia” de retroactividad legal. Aun cuando estas reformas todavía no entran en vigor y aún existe la posibilidad de corregir el rumbo, no podemos dejar pasar el hecho de que se está normalizando legislar en la penumbra, con disposiciones ambiguas que ponen en jaque principios constitucionales básicos.
La irretroactividad no es un capricho. Es una garantía que impide que los mexicanos vivamos a merced de cambios legislativos repentinos que alteren el pasado y modifiquen derechos adquiridos.
Resulta incongruente que los legisladores federales, quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución, permitan que en una reforma se cuele una noción que erosiona ese blindaje constitucional. No se trata de un error menor ni de un detalle técnico: es un golpe directo a la confianza en el Estado de Derecho.
El lunes 1 de septiembre entran en funciones los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, elegidos el pasado 1 de junio. Dicen que será el fin del nepotismo y la corrupción, pero la pregunta es inevitable: ¿de verdad bastan nuevos rostros para limpiar décadas de vicios?
Muchos de los que llegan lo hacen con ganas, sí, pero también con una falta de experiencia que preocupa. ¿Cómo garantizarán una justicia pronta y expedita si apenas comienzan a conocer la complejidad del tribunal más importante del país?
También arriban con entusiasmo, sí, pero con una falta de experiencia que preocupa. ¿Cómo garantizarán una justicia pronta y expedita si apenas comienzan a conocer la complejidad del tribunal más importante de México? ¿Se imaginan un cirujano escogido por tómbola? Pues bien, ahora tenemos ministros que deberán operar el corazón mismo de la justicia bajo ese mismo método.
Ya lo vimos antes: en 1995 se redujo el número de ministros de 26 a 11 con la gran promesa de hacer más ágil la Corte. Veintinueve años después, seguimos preguntándonos dónde está esa rapidez. Ahora se insiste en que menos ministros será la receta mágica.
Lo cierto es que la renovación despierta más dudas que certezas. ¿Será esta la Corte independiente y eficaz que exige la ciudadanía, que merecemos. o solo otro ajuste cosmético?
Al final, sin lugar a dudas, esta nueva generación será recordada, se quiera o no, como la Corte del acordeón.
Como periodista y abogada, me resulta imposible pasar por alto la reciente decisión de un juez federal en Sonora, que determinó que Julio César Chávez Jr. enfrente graves acusaciones en libertad, a pesar de que los delitos que se le imputan obligan, según el artículo 19 de la Constitución mexicana, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
El artículo 19 constitucional es claro: ciertos delitos, considerados graves, no permiten la enfrentar el juicio en libertad, como fue el caso de Chávez Jr. sobre todo la acusación por delincuencia organizada. Sin embargo, en este caso, la autoridad judicial optó por un camino diferente. Ésto genera preguntas legítimas: ¿cuándo se cumple la Constitución y cuándo se ignora?
Desde un análisis jurídico estricto, la ley no deja margen para enfrentar el proceso en libertad: que un juez federal decida lo contrario pone en tensión la supremacía de la Constitución, uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho.
Pero al mirar desde el enfoque de Derechos Humanos, la cuestión se vuelve aún más compleja. La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas internacionales: organismos como la ONU y la CIDH han señalado que su aplicación indiscriminada en México puede violar los derechos fundamentales, al convertir la libertad en una regla condicionada de manera casi automática. México ha sido señalado por abusar de esta figura, lo que genera tensiones entre la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Sí, es un debate inevitable e interminable: ¿cuándo sí se hace caso a la Constitución y cuándo se priorizan criterios de Derechos Humanos?
El caso de Julio César Chávez Jr. no solo es mediático; es un síntoma de cómo nuestro sistema de justicia aún debate los límites entre legalidad estricta y protección de Derechos Humanos.
Sería bueno conocer los criterios legales del juez y su fundamentación, que lo dejó en libertad
¿Vivimos en un Estado de Derecho real o en un equilibrio frágil entre normas que a veces se contradicen?
Creo que el nuevo sistema de justicia penal tiene muchas bondades, y, la intención del legislador de “empoderar” el principio de inocencia, es muy loable. Sin embargo, también tiene muchas fallas.
Como buenos mexicanos siempre dejamos las cosas al final y lo que se ha dicho de que entró en vigor en junio del año pasado, no es del todo cierto, tenemos que especificar que “terminó de entrar en vigor en todo el país”, que es algo muy distinto y que por eso estamos en el punto que estamos.
Explico: la reforma constitucional del 2008 decía que teníamos ¡hasta! ocho años para implementar el nuevo sistema, venciendo justamente el 18 de junio de 2016. Hubo estados que la transición la comenzaron a hacer inmediatamente y ya nos llevan ocho años de ventaja, uno de ellos es #Chihuahua. #Jalisco, fue uno de los últimos.
Desde esta óptica, se explica perfectamente que acá en el estado de Jalisco la implementación del nuevo sistema ha sido un caos. No lo digo yo, basta con echarnos una vuelta a la Fiscalía General de Jalisco, los expedientes están al tope en los escritorios, porque muchos no saben cómo resolver frente al nuevo sistema procesal. Ellos mismos me lo han dicho, transitar en el sistema mixto ha sido un caos.
Y bueno, también se acaba de anunciar que muchos juzgados del fuero común en materia penal en Jalisco dejan de funcionar en septiembre, los casos que están resolviendo deben de terminarse, lo veo muy difícil, se podría traducir en, ahora sí, sentenciar a la ligera. Muchos de esos jueces van a ser reubicados como “jueces de control”, en un estado en el que muchos de ellos no han sido debidamente preparados.
Sí, lo resuelto por #SCJN es un gran tema, ciertamente no se abre la puerta en automático, pero la llave la dieron. Y aunque los reos o sus abogados soliciten aplicar lo que ya es jurisprudencia, para enfrentar los juicios en libertad, habrán de pasar todo un proceso judicial para obtener su libertad, como lo explicó la Corte en un comunicado. O sea, no será ni inmediato ni fácil. Pero reitero: la llave ya la dieron.
¡Y ahí, es donde va a estar la corrupción, ya lo verán!
Para mí lo más interesante de todo, de lo que no se ha informado mucho, es ¿cómo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación # SCJN llegó a este punto de “resolver lo que resolvió”?
Bueno, pues fue una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, uno en Ciudad de México y el otro en Quintana Roo, que no coincidían de qué forma resolver con respecto a la libertad bajo caución, para delitos que ahora ya no son graves, y que sí lo eran en el antiguo sistema penal. Es decir, ni los propios tribunales colegiados sabían cómo proceder, por tantas lagunas legales.
¡Que nuestros legisladores se pongan a trabajar y corrijan tantas fallas que hay en el nuevo sistema de justicia penal!
Saludos a mis grandes maestros, colegas y amigos abogados, tenemos mucha “tela” de dónde cortar.
¡El problema tiene años!: el robo de gasolina en México. La “ordeña” pues, como le dicen.
Si las autoridades le han dado o no la dimensión real, no lo sabemos. Pero lo que es cierto, aunque no nos lo quieran decir, es que para que eso suceda, hay muchas personas involucradas. ¿De dónde? Es lo que nos gustaría saber, porque quienes deberían poner orden, parecen hacerse de la vista gorda. Se asegura que detrás de estos robos está el crimen organizado, porque la “ordeña” de los poliductos, ¡es desde hace muchos años, más redituable que el mismo narcotráfico!, así de delicado.
Dicen los que saben que es un gran “secreto nacional” la ubicación exacta de los casi 9 mil kilómetros de poliductos de gasolina a lo largo y ancho de México. Pues no ha de ser tan en “secreto”, porque vaya que los que los perforan, tienen bien ubicado dónde están y mejor aún para ellos, saben la hora en que se hacen los envíos. Mucha coincidencia ¿no?
Miren, aquí les va por qué el robo de gasolina es ya un negocio tan fructífero: a diferencia del narcotráfico en cualquiera de sus modalidades (siembra, consumo, venta, etc.,), el robo de gasolina no implica tener tanta gente, ni repartir dinero por tantos lados. Basta con robarla, transportarla, esconderla y venderla. Y ni tan escondida, porque muchos saben dónde comprarla barata. El litro de gasolina robada se ofrece cuando mucho a 8 pesos, contra los casi 16 pesos en las gasolineras, ¿díganme si no es un buen negocio? No hay intermediarios.
Hoy resurge el tema por lo sucedido en Jalisco, luego que bomberos de diversas corporaciones tardaran casi 19 horas en apagar un incendio en Zapopan, pegado a la carretera Guadalajara-Nogales. Una vez más una fuga de combustible, tras lo que se supone provino de robo de gasolina. Oficialmente no se ha dicho que esa haya sido la causa. ¿Necesitamos que nos lo confirmen?
Sepámoslo: el problema es nacional y en Jalisco la zona donde más afectaciones hay, es en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Calculan que con la fuga de ayer en Zapopan, incendio extinguido hoy, se habrían quemado alrededor del 200 mil litros de gasolina Magna .
El abogado penalista Fernando Espinoza de los Monteros, presidente del capítulo México de la Federación Internacional de Derecho Penal, es entrevistado por la también abogada Ahtziri Cárdenas Camarena, sobre la legalidad de la extradición de Joaquín, el “chapo”, Guzmán Loera.
Comparto imágenes que circulan en redes sociales, de cómo habitantes de Cancún, Quitana Roo, se protegen de la balacera, durante el ataque a instalaciones de la fiscalía/procuraduría
Les comparto el video espectacular de la exhalación de un volcán, que pudiera ser el de Colima, ubicado mayormente sobre terrenos de Jalisco.
Y escribo “pudiera ser” porque no tengo el dato preciso de si se trata del volcán más activo de México. Aquí lo que quise destacar es que se trata de una imagen única.
